Tapando el sol con un dedo

La nueva medida “estrella” que se ha robado el foco -cuando la experiencia ha dejado claro que es una opción muy ineficiente- es el impuesto a los altos patrimonios o, más rimbombantemente nombrado, el “impuesto a los súper ricos”. En resumidas cuentas, se trata de un proyecto inconstitucional presentado por la oposición, que busca realizar un gravamen -supuestamente por única vez- a las riquezas que superen los US$ 22 millones, para recaudar teóricamente US$ 6.000 millones y así financiar una “renta básica”.

Sin embargo, la herida tributaria que ha abierto la crisis requiere, a diferencia de la propuesta antes descrita, de un tratamiento mucho más profundo y reflexivo. La experiencia mundial ya ha dejado claro que este es un proyecto sin futuro, debido a que hay activos y pasivos que son muy difíciles de valorizar, haciendo del cobro un engorroso y complejo proceso que considera un impuesto al patrimonio y no al capital de dicha persona. Además, cabe destacar que existen muchas formas legales y viables que hacen muy fácil recortar o tapar el patrimonio que se tiene, cosa que con sólo el anuncio de esta medida ya se debe estar produciendo.

Este impuesto, más que contribuir a reducir el daño de la crisis, se basa en una lógica no cooperativa de suma cero, que odiosamente busca enfrentar una vez más a ricos y pobres. En este sentido, se abre una ventana de oportunidad para que Chile Vamos se pueda alinear en torno a una mejor propuesta, basada en la lógica de la unión entre los distintos actores sociales, en vez de sumarse al coro irresponsable de algunos legisladores de oposición.

Si queremos un tributo progresivo -en el que los que ganan más, paguen más-, debiésemos utilizar otro tipo de medidas que generen consensos, partiendo por acabar con los despilfarros fiscales que nadie se ha atrevido a extinguir, y revisar las exenciones tributarias que abundan en Chile. En este último punto, hay acuerdo en que un sistema tributario moderno y eficiente debe tener una base de recaudación lo más extensa posible, para que se reparta la carga equitativamente. Al respecto, estamos al debe, ya que las exenciones suman US$ 9.000 millones, monto aún más generoso que el que busca la opción de la oposición, que puede ser recaudado de manera constante y que nos permitiría aumentar el gasto social al menos en un 16% -solo eliminando algunas-, para financiar los programas sociales, entre otras urgencias.

Algunos han planteado que este parafernálico proyecto será “el nuevo 10%”. Espero que no; ojalá no se convierta en otra falsa contienda entre la defensa de “los grandes grupos” o “del pueblo”, sino en una mejor propuesta de largo alcance, responsable, que integre y que mejore el estado económico y social en el que nos encontramos. Faltan representantes que vayan más allá de lo que solo en apariencia reluce. Es hora de hacer valer los acuerdos y demostrar que hay mejores soluciones, inclusivas y basadas en una lógica que no tenga como fin último enfrentar a los distintos grupos, sino ayudar de verdad a la construcción de una sociedad y un país mejor.

 

AUTOR

Sebastián Izquierdo R.

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