Mejoras que hacer a la reforma de pensiones

La reforma al sistema previsional es una de las políticas públicas más importantes de este gobierno, ya que las bajas pensiones son una de las grandes causas del descontento e indignación ciudadana generalizada. Y así, tal como se encuentra, el proyecto de ley se hace cargo de muchos problemas: aumenta la tasa de cotización, incrementa la eficiencia facilitando la división de servicios que realizan las AFP, disminuye las barreras de entrada, permite que más actores puedan administrar ahorros (incluyendo organizaciones sin fines de lucro), crea nuevos seguros, premia la cotización y aumenta considerablemente los beneficios estatales incluidos en el pilar solidario, de tal forma que, una vez aprobada la reforma, ningún pensionado se ubique debajo de la línea de la pobreza. Todo esto es positivo y necesario.

Sin embargo, dado el contexto de crisis política, polarización y minoría oficialista en ambas cámaras, es decir, dada la política de las políticas públicas, la reforma se ha ido transformando rápidamente en un monstruo que, pudiendo tener vida, tendría que ser operado tempranamente por problemas de nacimiento.

La propuesta del Ejecutivo, tal como está, se enreda en lo que a la cotización se refiere, que es donde por cierto se encuentra la materia prima del funcionamiento del sistema de pensiones. Como muchos saben, en el proyecto de ley se establece que, del 6% adicional de cotización, las AFP no podrán administrar ni el 3% que va a la cuenta de ahorro individual, ni el otro casi 3%, que será dirigido a una cuenta colectiva (reparto). De hecho, el 6% adicional sólo podrá ser administrado por un organismo técnico estatal. Sin embargo, aquí lo verdaderamente eficiente hubiese sido, en vez de complejizar tanto la administración del aporte previsional adicional, aumentar gradualmente al 16% el total de cotización para la cuenta de ahorro individual, donde el usuario decida si quiere que sea administrado una AFP (estatal o privada), o por otra de las organizaciones ya incluidas en la reforma.

Es importante señalar que nuestro sistema de pensiones falló en su pilar de ahorro individual producto de la falta de políticas públicas que se hicieran cargo de cuatro problemas evidentes: baja tasa de cotización, aumento en la expectativa de vida, grandes lagunas previsionales y alta informalidad laboral. Así, si bien es importante que necesariamente aumente la tasa de cotización para asegurar mayores tasas de reemplazo futuras, es probable que dicha política también aumente el desempleo y la informalidad, perjudicado así el ahorro de los sectores más vulnerables, que son los que tienden a verse afectados por este tipo de medidas. En este sentido, es poco razonable crear un fondo de reparto financiado en la práctica por el sueldo de los mismos trabajadores. De hecho, si es por aumentar las pensiones de quienes dependen de la protección fiscal, lo mejor sería fortalecer los beneficios del Pilar Solidario a través de dineros malgastados en el Estado (1,8% del PIB según el BID) o, incluso, vía impuestos que corrijan externalidades negativas para el medioambiente.

Además, respecto al rol que tendrá el organismo técnico estatal, éste no se debiese hacer cargo de la cotización adicional (6%), sino que, más bien, debería servir como un instrumento que introduzca sensibilidad y competencia al sistema, vigilando los costos de comisión y rentabilidad de los fondos de pensión, licitando una vez al año a los viejos afiliados de AFP u otras organizaciones inversoras con malos resultados en la administración de los ahorros.

La reforma al sistema de pensiones es tan importante que debiese ser una política pública de excelencia, y para lograr aquello es necesaria una discusión racional y sincera, con miras a aumentar las pensiones de los jubilados y dar protección a aquellos que no se la pueden proveer a sí mismos, de la forma más eficiente. Sin embargo, así como se encuentra, el proyecto posee debilidades evidentes, cuyas consecuencias serán pensiones no tan altas como las que se pudieron haber alcanzado de haber tomado las decisiones técnicamente correctas, y a un mayor costo, tanto para las personas como para el Estado.

AUTOR

Alfonso España.
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