Un programa económico de emergencia

La lección principal de la crisis financiera global y recesión de 2008-09 es que los programas económicos de emergencia adoptados por los países pueden ser muy efectivos para amortiguar la intensidad y duración de la recesión.

Hace 12 años, los gobiernos y bancos centrales hicieron lo opuesto de lo que habían hecho en la Gran Depresión de 1929-33: implementaron paquetes económicos que combinaron políticas fiscales y monetarias muy expansivas, gran apoyo al crédito y a la liquidez, protección del sistema financiero y salvataje selectivo de empresas sistémicamente importantes. Los programas fiscales fueron voluminosos y cumplieron con tres requisitos para ser efectivos y asegurar la solvencia fiscal (en inglés: TTT): llegar a tiempo (timely), ser focalizados (targeted) y ser transitorios (temporary).

En general, su efectividad fue notable: salvaron al mundo de crisis bancarias generalizadas y amortiguaron la contracción del consumo y de la inversión privada. Así, la recesión de los países desarrollados y de muchos en desarrollo (incluido Chile) fue menos intensa y más breve.

Hoy, la pandemia del coronavirus está causando la mayor crisis de salud y, probablemente, la recesión mundial más intensa del último siglo. Los países han respondido con programas económicos basados en instrumentos similares a los de 2008. Pero el volumen de los recursos fiscales comprometidos es mucho mayor ahora. Por ejemplo, los gobiernos de Alemania y EE.UU. están implementando planes equivalentes a 22% y 10% de sus PIB respectivos.

Después de la contracción de ingresos y empleos provocada por la brutal violencia ocurrida en Chile a partir del 18-10, estamos sufriendo las consecuencias sanitarias y económicas del coronavirus y de la recesión global. Esta coyuntura requiere adoptar un programa económico de emergencia grande y efectivo. El Gobierno, el Banco Central (BC) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) han anunciado programas que van en la dirección correcta: un programa fiscal expansivo, un relajamiento monetario y una flexibilización de la regulación bancaria.

Sin embargo, debemos ir más lejos para amortiguar la caída libre de la economía chilena. Podemos aprovechar el espacio fiscal del país, reflejado en niveles aún bajos de deuda pública y de la prima de riesgo soberano. Proponemos casi duplicar el volumen de recursos movilizados por el Gobierno para enfrentar la crisis, elevándolo de 4,7% a 8,0% del PIB.

Proponemos la ampliación o el uso de los siguientes instrumentos de movilización de recursos fiscales (en paréntesis: montos como % del PIB; para mayor detalle, ver Centro de Estudios Horizontal). 1. Aumentar el bono covid en un 20% y transformarlo en un subsidio mensual por cuatro meses (0,2%); 2. Incrementar el aporte solidario al seguro de cesantía (0,4%); 3. Cubrir un 55% de los sueldos de los trabajadores a honorarios, por cuatro meses (0,4%); 4. Posponer los pagos provisionales por tres meses adicionales (0,9%); 5. Postergar el pago de contribuciones de todo el año 2020 a 2021 (0,5%); y 6. Crear un fondo de capitalización estatal de empresas privadas que son sistémicamente importantes (0,9%). Finalmente proponemos extender la cobertura y los tamaños de las empresas elegibles para los fondos de garantías del Estado.

Esta propuesta fiscal cumple con los principios TTT de los programas fiscales de emergencia, utiliza los instrumentos de mayor efecto multiplicador y permite una rápida implementación. Este paquete incrementará el déficit fiscal de 9% a más de 12% del PIB en 2020. Deberá ser revertido a partir de 2021 con un compromiso duro de continuación de la senda de estabilización futura de la deuda pública.

Para el BC proponemos adoptar en el más corto plazo una política monetaria más expansiva, reduciendo la TPM desde 1,0% a 0,25%, y comprometer su mantención por un plazo indefinido (forward guidance). Además proponemos al BC duplicar los recursos del fondo de la Facilidad de Financiamiento Condicional al Incremento de Colocaciones (FCIC), desde 3% a 6% de los créditos bancarios.

Para la CMF, proponemos postergar la implementación gradual de los mayores requisitos de capital a partir de 2022 y flexibilizar transitoriamente la regulación sobre provisiones para los créditos bancarios cuyo servicio se ha interrumpido por la crisis.

Gracias a la responsabilidad fiscal e institucional del pasado, hoy podemos enfrentar la crisis más profunda que hayamos conocido. Esperemos que el mundo político esté a la altura, y que durante los próximos meses veamos unidad y generosidad en lugar de división y pequeñez. Se está acabando el tiempo para actuar: manos a la obra.

AUTORES

Felipe Kast y Klaus Schmidt-Hebbel

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