Nueva Constitución y un nuevo diseño de gobierno
En mis dos columnas anteriores me referí a la necesidad de hacer cambios mayúsculos al Poder Legislativo y al Poder Judicial. En esta columna me referiré a la necesidad de cambiar el diseño del Poder Ejecutivo. Todo ello con la convicción de que los problemas que tiene actualmente Chile se deben a los cambios constitucionales de la última década, que nos llevaron a la ingobernabilidad. En la medida que sigamos con la Constitución actual la situación de desgobierno y conflicto continuo no va a cambiar, sea quien sea que asuma la presidencia. Aquellos que están preocupados por la incertidumbre que traerá aparejado el proceso constituyente debieran preocuparse mucho más de lo que pasaría si seguimos con la misma Constitución.
Nuestro régimen presidencialista de gobierno tiene larga data, derivando en un hiperpresidencialismo a partir de la Constitución de 1980, aminorado en las últimas décadas por los diversos cambios constitucionales. El tema de fondo no es si debiéramos tener un sistema presidencialista, semi-presidencialista o parlamentario, porque todos tienen pros y contras. Lo relevante es la consistencia entre el sistema de gobierno y el sistema electoral parlamentario. Antes del cambio del 2015, Chile tenía un Parlamento elegido por mayoría (sistema binominal) que conformaba dos grandes bloques que estaban obligados a negociar consensos, y con ese sistema el presidencialismo funcionaba bien. Hoy tenemos 17 partidos, con muy bajo nivel de disciplina partidaria, liderazgos atomizados, pugnas por quién es más popular -es decir, más populista-, cero capacidad para lograr consensos, lo cual nos lleva a un Parlamento disfuncional que niega la sal y el agua al gobierno. Resumiendo, un sistema de gobierno presidencialista, como el que tiene Chile, no funciona bien con un parlamento elegido en forma proporcional.
La tremenda crisis institucional que padecemos tiene su origen en tres razones constitucionales. En primer lugar, no existen válvulas de escape para descomprimir las crisis políticas e institucionales, y por ende el costo lo termina pagando el Presidente y su gobierno. En segundo lugar, el actual diseño gobierno+Parlamento genera una falta de responsabilidad y solidaridad del Congreso respecto a la conducción del gobierno. Por último, la actual Constitución no promueve una sana deliberación al interior del gabinete, ni tampoco la necesaria representación política efectiva en el mismo.
Es hora, entonces, de definir el tipo de gobierno que queremos tener, que a su vez debe ser consistente con el tipo de Parlamento que queremos tener. Puede ser presidencial, semi-presidencial o parlamentario, siendo lo importante que asegure mayores grados de gobernabilidad, fortalezca la función ejecutiva, incluya mayores grados de deliberación al interior del gobierno, y aumente la solidaridad y responsabilidad del Congreso con el gobierno de la nación.
Si queremos generar válvulas de escape, podríamos separar las funciones de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, incorporando la figura de un Primer Ministro propuesto por el Presidente de la República y ratificado por la mayoría absoluta del los miembros del Senado. El Parlamento debiera tener la potestad de activar mociones de censura contra al Primer Ministro, pero al mismo tiempo el Presidente debiera tener la potestad para disolver el Congreso. De esta manera podríamos equilibrar el poder de censura de ambos poderes. Para fortalecer la cooperación entre Gobierno y Parlamento, podríamos flexibilizar el régimen de incompatibilidad entre la figura de Ministro de Gobierno y de Diputado, tal como en otros países.
Desde un punto de vista de modernización del Estado, podríamos incorporar reglas y estándares exigentes a la administración pública en todo lo relacionado a eficiencia, eficacia, coordinación, meritocracia, probidad y transparencia, lo cual debiera incluir el modelo de silencio positivo, es decir, habiéndose definido un plazo, frente al retraso en la toma de decisiones por parte de la autoridad administrativa (permisos, autorizaciones, concesiones administrativas, etc.), se entenderá que el permiso fue otorgado.
Con respecto al estado como agencia de empleo para los miembros del partido en el poder, de bando y bando, debiera normarse la existencia de un consejo para la designación de altas autoridades del Estado, con alto grado de autonomía, que convoque a concursos públicos de antecedentes y precalifiquen a los candidatos en audiencias públicas, para que el Presidente proponga sus nominados al Senado, limitando con ello la discrecionalidad que posee hoy el Presidente en nombramientos de puestos laborales por debajo del nivel sub-secretarios. Desde un punto de vista de igualdad y no discriminación de trato entre trabajadores del sector público y privado, debiera incluirse una norma constitucional que ningún funcionario público pueda tener privilegios por sobre el resto de los trabajadores.
Por último, podríamos avanzar hacia una mayor descentralización del Estado, dándole mas poder y recursos propios a las municipalidades, y/o definiendo macro zonas que repliquen el régimen de gobierno central sobre la base de un gobernador regional elegido por sufragio popular, y una asamblea regional unicameral, todo ello consagrando reglas de responsabilidad fiscal a los gobiernos regionales y municipales.
Las alternativas de cambio son muchas, y las sugerencias de esta columna solo muestran algunas de ellas. Podremos discutir los pros y los contras, pero lo que está claro es que los cambios al Poder Ejecutivo, al igual que al Legislativo y Judicial, no son pequeños cambios sino una cirugía mayor necesaria para resolver una crisis institucional que es estructural, y que de continuar nos llevará en el largo plazo a Venezuela, haciendo previamente una larga y declinante escala en Argentina.
*Publicada en El Líbero.
