Modernización del Estado: instituciones fiscalizadoras y empleo público
En este documento se analizan los factores que inciden en una excesiva dependencia de las instituciones que cumplen funciones fiscalizadoras y del empleo público a los cambios de gobierno y ciclos políticos en general. Sostenemos que atenta contra la autonomía y principios el que la toma de decisiones de los servicios con la potestad de inspección, regulación y/o sanción, dependa de una sola persona, máxime cuando su cargo se sostiene sobre la confianza del Presidente de la República.
En el caso de los funcionarios públicos, cuando las jefaturas dependen del gobierno de turno se arriesga un mayor amiguismo y patronazgo en las contrataciones, lo que aumenta cuando la mayoría de los nuevos servidores son a contrata y a honorarios.
Para enfrentar esta situación y dar pasos concretos en la postergada modernización del Estado, proponemos, entre otras medidas: (i) estructurar a las instituciones con potestad fiscalizadora y sancionatoria como organismos colegiados (dirigidos por consejos) y con autonomía legal y (ii) reformar el Estatuto Administrativo para terminar con la diferenciación de la calidad jurídica de planta y contrata, creando solo dos estamentos: funcionarios de carrera y funcionarios de gobierno.
