Horizontal lanza propuestas para alcanzar principios constitucionales económicos compartidos

Este jueves, a las 9.00 de la mañana, el centro de estudios Horizontal presentó en el sexto seminario de su ciclo “Propuestas para el debate constituyente”, un nuevo documento titulado “Hacia principios constitucionales económicos compartidos”.

El primero en tomar la palabra fue el Director Ejecutivo de Horizontal, Sebastián Izquierdo, quien presentó el documento y afirmó “estamos convencidos de que la Economía juega un rol clave en nuestras vidas. Sabemos que la satisfacción propia del individuo limitado por el respeto a los demás es el mejor medio para conseguir el mayor beneficio de la sociedad. Sin embargo, creemos en una sociedad justa, con igualdad de oportunidades. Así, también es crucial la intervención del Estado de manera de propiciar una mejor justicia, educación o salud y todas aquellas garantías que los privados no son capaces de abordar correctamente”. 

Luego, el ex Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés comentó las propuestas de Horizontal, resaltando que “la nueva Constitución tiene que abrir la cancha para permitir y facilitar la deliberación política y alejarse de intentar construir un programa de gobierno, lo que uno ve en la discusión pública es demasiada opinión sobre cómo debiera ser un gobierno y no cómo debiera ser una Constitución”.  Finalizó su exposición señalando “creo que no debiéramos prohibir aspectos de la vida en que seamos todos 100% iguales, que no sea sólo el día de las elecciones o el día de la vacuna del Covid, las únicas dos cosas en Chile en que tratamos a todos los chilenos por igual”.

Sobre las propuestas constitucionales

Los autores de la propuesta “Hacia principios constitucionales económicos compartidos” son Sebastián Izquierdo, economista y Director Ejecutivo de Horizontal, y José Manuel Astorga, abogado y Coordinador Ejecutivo del Proyecto Constitucional del centro. Colaboraron Camilo Lledó, Alfredo Maira, Gonzalo Blumel, Hernán Larraín, Francisca Dusaillant, Jorge Fantuzzi, Nicolás Brancoli, Pablo Correa y Tomás Wolff.

El documento plantea el desafío de pensar la nueva Constitución como una oportunidad para revitalizar el camino de la recuperación en escenario de Pandemia, el progreso económico y la reducción de la desigualdad, tratando los siguientes aspectos:

  • Derecho de propiedad. Se propone mantener un estatuto claro y vigoroso para resguardar la propiedad privada y actualizarlo con lineamientos que compatibilicen el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente y que promuevan un nuevo equilibrio entre innovación científica y tecnológica y la protección de datos personales, con el derecho al olvido, la libertad de expresión y los derechos de los consumidores.

  • Libre iniciativa económica y libre competencia. Postulan que una Constitución que busque fomentar o promover la iniciativa privada como motor del crecimiento y del progreso social, debe hacerse cargo de promover la libre competencia y de que la regulación desincentive y sancione de forma efectiva prácticas abusivas o ilegítimas en los mercados. De igual manera, las decisiones regulatorias debieran demostrar cómo los beneficios económicos, sociales y ambientales perseguidos, superan los costos de la regulación.

  • Impuestos. Promueven nuevos principios como la justicia o equidad vertical referida al establecimiento de impuestos personales progresivos, cuya carga sea diferenciada en función de la capacidad económica de las personas y el de cumplimiento tributario responsable y anti elusión tendiente a compatibilizar el compromiso asumido en un “pacto impositivo” que evidencie la dimensión social de los impuestos, con la existencia de mecanismos técnicos que garanticen el cumplimiento de los contribuyentes y perseguir la evasión y la elusión.

  • Gasto público y control. Se propone incorporar en la nueva Constitución el principio de responsabilidad o sostenibilidad fiscal y fortalecer la calidad y el control del gasto, así como la pertinencia y calidad de las políticas públicas, mediante la creación por ley de una Agencia de Calidad de las Políticas Públicas.

  • Provisión mixta. Para que la promesa de los derechos fundamentales sea una realidad, refieren que resultará central que existan espacios para que la ciudadanía pueda desplegar sus talentos y esfuerzos para colaborar en el aseguramiento de los mismos. 

  • Banco Central. Señalan que es necesario mantener y fortalecer la autonomía constitucional del Banco Central, regulando con mayor precisión su integración, sus objetivos principales y la prohibición de financiamiento directo al fisco. Como contrapartida, postulan como importante perfeccionar el sistema de rendición de cuentas ante el sistema político. 

  • Estado empresario. La nueva Constitución debiera contener lineamientos para que el legislador y el Gobierno encaucen la actividad empresarial pública con estándares exigentes, y en conjunto con sectores de la sociedad, logren estructuras colaborativas que promuevan la creación y la investigación científica, la innovación tecnológica y el desarrollo del país. Especialmente importante en este punto, sería incorporar en la legislación ordinaria, un principio de neutralidad competitiva, que implique que empresas privadas y estatales funcionen en igualdad de condiciones y un sistema de monitoreo del desempeño de las últimas.

  • Derechos laborales. Junto con mantener el reconocimiento de las garantías laborales fundamentales actualmente reconocidas; proponen establecer directivas para que el Estado se haga cargo de los cambios de paradigma que imponen el cambio climático, la revolución digital y la automatización.
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