Gabriel Berczely: El sistema judicial chileno: de la incerteza a la injusticia

En los últimos tiempos han aparecido en diversos medios, y con diversos formatos (cartas al director, columnas y artículos periodísticos), numerosos ejemplos de incerteza jurídica. ¿Estamos frente a hechos aislados de incertezas que no constituyen un problema sistémico o, por el contrario, ante la punta de un iceberg de injusticia? Todo indica que es lo segundo, y que esto merece la máxima atención, porque esto no sólo afecta el clima de negocios, sino también la sensación de vulnerabilidad jurídica en la que estamos sumergidos.

El 10 de diciembre del 2018 el diario La Tercera publicó un extenso artículo cuyo título era bien contundente: “El Zigzag de la Corte Suprema”, que sostenía que, para una misma materia, la Suprema había variado su criterio en reiteradas oportunidades, sea por una composición distinta de cada sala, o por la inclusión de abogados integrantes, o por jueces que votaban de una u otra manera en los mismos casos.

El sábado 9 de marzo pasado se publicó en el diario El Mercurio un estudio elaborado por el Observatorio Jurisprudencial del PDAE de la Universidad Católica, basado en 900 sentencias en 20 temas relevantes para la práctica del Derecho Administrativo, a lo largo de la última década. El título del artículo también era contundente: “Estudio revela disparidad de criterio de la Suprema al fallar casos en materia administrativa”. En palabras del autor, dado que los jueces creen que su independencia les permite cambiar su opinión en casos idénticos sin dar explicación alguna, las sentencias terminan siendo una verdadera tómbola.

En materia penal, los casos Penta y SQM son otra gran demostración de injusticia jurídica. Mientras los dueños de la primera ya fueron sancionados, y mientras la fiscalía solicita pena de cárcel para el ex gerente general de SQM, los otros 45 empresarios que se encontraban en las mismas circunstancias simplemente no fueron perseguidos porque el Director del SII de aquella época, Fernando Barraza, decidió no querellarse. ¿Qué clase de justicia tenemos cuando algunos son condenados, y otros no, simplemente porque algún funcionario de turno decidió no querellarse?

Veamos otro caso emblemático. El juez Alejandro Madrid demoró 16 años para emitir un fallo que condena a seis médicos y auxiliares como autores de homicidio simple del ex Presidente Frei Montalva. Lo llamativo no son sólo los 16 años que le llevó para dictar una sentencia (¿qué clase de “justicia” es la que emite un fallo después de 16 años?), sino que el juez llegue a la conclusión de que la muerte fue deliberada, sin poder probar la existencia de órdenes directas, alevosía, uso de veneno o premeditación.

El 23 de junio El Mercurio publicó un artículo en el cual se mencionan los problemas con el sistema penal que promueve que imputados inocentes opten por declararse culpables para evitar el juicio oral. ¿Puede considerarse justo un sistema que promueve que los inocentes se tengan que declarar culpables?

En el reciente caso de San Antonio, el tribunal del caso privilegió una garantía frente a una infracción de procedimiento. Como bien dice el editorial de La Tercera del 28 de junio pasado, cabe la duda en cuanto al criterio aplicable, si lo descubierto, en lugar de armas de fuego y municiones, hubiera sido de mayor relevancia. Por ejemplo, un cadáver en el baúl. ¿Qué clase de justicia tenemos cuando claros infractores son dejados libres por una interpretación fuera de todo sentido común que nos deja a todos los ciudadanos perplejos?

En materia laboral, además de casos similares que tienen sanciones opuestas, el Director del Trabajo anterior, Christian Melis, había resuelto que sólo podían negociar los sindicatos.  El nuevo Director del Trabajo tuvo otra interpretación, reconociendo a los grupos negociadores sin necesidad de estar sindicalizados. ¿Qué clase de justicia tenemos cuando lo que se puede hacer, y lo que no, depende de la interpretación que hace el director de turno?

La Corte Suprema podrá alegar que el problema radica en leyes mal sancionadas por el Congreso. Siendo ello efectivo, nada ha hecho la Corte para evitar la vacilación jurisprudencial, ni para remover de la institución de abogados integrantes por su conflicto de interés, ni por bajar los tiempos de las sentencias, ni menos aún por proponer cambios a aquellas leyes que tienen un claro vacío legal o dan espacio a interpretaciones disímiles ante una misma causa.

En resumen, tenemos serios problemas de injusticia en aspectos penales, tributarios, laborales, ambientales y administrativos. No por nada a fines de mayo el líder de la CPC, Alfonso Swett, comentó en Madrid que líderes de multinacionales le hacían una pregunta reiterativa: ¿cuándo vamos a tener certeza jurídica en Chile?

La solución no pasa por remover uno que otro funcionario, o introducir cambios cosméticos, sino por hacer una cirugía mayor al sistema. Esta disparidad de sentencias que nos deja en el limbo de la injusticia abre la oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de buscar nuevos equilibrios en el ordenamiento jurídico.

El Líbero
By | 2019-07-15T16:34:21-03:00 10 julio 2019|Columnas de opinión|Comentarios desactivados en Gabriel Berczely: El sistema judicial chileno: de la incerteza a la injusticia

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