Desinformación, el síntoma de la democracia enferma

A pesar de lo poco acertada que fue la mención del señor Matamala respecto a la propuesta de Horizontal relativa a cotizar a través del consumo, creo que es una buena oportunidad para precisar confusiones. Lo primero, es esclarecer que una cosa es el debate previsional, donde tiene cabida esta iniciativa que busca que aportemos solidariamente a nuestra cotización en situaciones cotidianas -desligadas de la posesión de un contrato formal, lo que es clave para mejorar coberturas y densidades de las personas más vulnerables-, y otra distinta es el debate tributario. Hay que tener cuidado con dar lecciones de algo sin tomar todas las consideraciones del asunto; esto puede desinformar a las personas.

Respecto al debate tributario, el periodista señala que los países OCDE recaudaban un 13% más del PIB que Chile cuando tenían igual nivel de desarrollo. Sin embargo, su análisis olvida señalar el factor de seguridad social, el cual no se considera como impuesto y reduce la diferencia a solo un 3%. De hecho, para comparar la recaudación del IVA con otros países, corresponde que se mida como porcentaje del PIB y no sobre el total de la recaudación. Al hacer dicho ejercicio, se puede observar que Chile se encuentra cerca del promedio de los países OCDE, con una diferencia de un 0,3% y no de un 21,4% como se sostiene; cifras bastantes decidoras, difíciles de catalogar como “brechas insostenibles”.

En cuanto a que el IVA castiga en mayor medida a las familias más vulnerables, esto no sería del todo cierto si se mira la película completa. Es decir, a pesar de que efectivamente los más acaudalados tienen la posibilidad de ahorrar más que los más pobres, dicho ahorro, eventualmente, se traduce en gasto o inversión que paga impuestos (OCDE, 2020). Además, no olvidemos que el consumo en el comercio informal por parte de las personas de menores ingresos hace que dicho efecto regresivo se atenúe aún más (Banco Mundial, 2020); y si nos enfocamos en el gasto público, observaremos que éste tiende a cumplir -no sin problemas- un rol distributivo focalizado a quienes poseen menores recursos (Engel et al, 1998), tendiendo así a una cierta progresividad.

No pretendo criticar las legítimas diferencias y necesarios consensos; es más, estoy de acuerdo con que hay que acabar con las exenciones injustas, evasiones y elusiones, y que el Estado debe preocuparse de mejorar la asignación de recursos y potenciar los impuestos verdes. Sin embargo, su constante alusión a supuestos intereses corruptos en las decisiones públicas, capaces de provocar falsos conflictos y divisiones dentro una sociedad que está cansada de esa cosmovisión dicotómica, creo que es otro aspecto que confunde más de lo que aporta. Para defender concretamente a aquellos que más lo necesitan y perfeccionar nuestra democracia, se requiere de un trabajo conjunto, que se centre en la búsqueda de soluciones concretas y eficientes, que terminen traduciéndose en buenas políticas públicas, que persigan una justicia social de verdad.

AUTOR
Sebastián Izquierdo R.

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