¿Educación superior gratuita?

Andrés Hernando, director de Estudios

La Tercera, 9 de mayo de 2013

La gratuidad universal en educación superior es una política pública regresiva. Quienes argumentan que no, usan una curiosa figura bautizada “dependencia aritmética”, de acuerdo con la cual el gasto regresivo financiado con una reforma tributaria suficientemente progresiva (que recauda mucho más desde los más ricos) resulta en una combinación progresiva. La intuición es que para los pobres, la educación superior representa una mayor fracción de su gasto que la de los sectores más acomodados. Suena casi sensato. Casi.

Una vez recaudados los fondos para financiar gasto público, el concepto relevante para evaluar su uso es su costo alternativo. Cuando el Estado tiene los recursos disponibles, un año de educación superior de un estudiante de altos ingresos tiene un correlato en menos prestaciones para los más pobres. El gasto siempre será regresivo y esa regresividad no es compensada por la forma en que se recauda. La “dependencia aritmética” olvida este principio básico.

¿Cuánto costaría la gratuidad universal en educación superior?

Digamos que no está claro a qué se refieren los proponentes cuando hablan del tema. Si fuera “universal” debería cubrir al poco más de un millón de estudiantes terciarios de Chile. Eso costaría unos US$ 3.445 millones al año, el 24% del presupuesto del Ministerio de Educación, suficiente para aumentar la subvención escolar un 45%.

Nos han hablado de gratuidad en “universidades de claro rol público”, lo que presupone identificar instituciones que tengan tal característica. Mientras no digan cuáles, sólo podemos elucubrar.

Elucubremos, entonces. Si considerara sólo universidades del Cruch, nuestro cálculo es que la gratuidad para sus 276.000 estudiantes costaría US$ 1.455 millones al año. El 10% de menores ingresos recibiría menos del 5% de los recursos, el 10% de más altos ingresos, más del 14%. El tamaño del regalo que la gratuidad universal haría al 20% más rico es de casi US$ 500 millones. Eso es más de lo que cuesta el Ingreso Ético Familiar, destinado a los más pobres de Chile e iría completo a quienes han tenido las mejores oportunidades en la vida.

¿Podemos permitirnos esta extravagancia? Difícilmente. Esos recursos deberían usarse para mejorar la situación de los más pobres, independientemente de cómo se hayan recaudado.

En la medida que los recursos se gasten en proporción de 3 a 1 entre el 10% más rico y el 10% más pobre, ¿de verdad alguien cree que esto reducirá las brechas entre ambos grupos? La respuesta es no. El problema no es sólo la proporción de la inversión, sino también cuándo ocurre.

Los niños en Chile nacen iguales en capacidades y potencialidades, las brechas entre ellos se abren progresivamente desde el comienzo de la infancia hasta los 10 años cuando cristalizan. Gastar recursos en financiar la educación superior de los más ricos no sólo es regresivo, es una mala política pública. Para dar más oportunidades a los menos afortunados, la inversión debe hacerse en el patrón opuesto y  mucho antes de modo de evitar que estas brechas se manifiesten. El problema es que los preescolares no marchan ni eligen las canciones que bailan nuestros políticos y cantan sus asesores.

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