Arturo Subercaseaux: El sueño de una Ciudad Justa

A propósito de la polémica por las viviendas sociales que quiere construir el alcalde Joaquín Lavín en Las Condes, se ha puesto sobre el tapete el necesario debate sobre la ciudad. ¿Queremos conservar la ciudad como un territorio segregado por el poder adquisitivo? ¿O aspiramos a esta como un espacio de integración y mejores oportunidades para todos? Para quienes somos liberales es un desafío complejo, pero trascendental: se trata de reconocer que en la ciudad existen condiciones limitantes de nuestras libertades y oportunidades, y que la política no puede ser indiferente a ello.
Vivir en zonas con buena conectividad, a precios moderados y con amplio acceso a bienes y servicios —públicos y privados—, beneficia considerablemente a miles de chilenos. Lamentablemente, esta no es una realidad equitativa en varias ciudades. Barrios marginalizados conviven con la insuficiencia de equipamiento y servicios, largos tiempos de traslado, y capturados por la delincuencia y el narcotráfico. El desplazamiento de pobladores hacia la periferia de Santiago durante la dictadura, de la mano de una miope política habitacional en la transición de más y más viviendas sociales periféricas, casi desprovistas de equipamiento y servicios, profundizaron aún más la segregación. Pero no sólo los más vulnerables padecen frente a la inequidad territorial. Problemas de habitabilidad, acceso a bienes y servicios, áreas verdes y transporte se distribuyen tanto en Santiago como en regiones, limitando nuestra calidad de vida.

Para un Chile que aspira al desarrollo, es imperativo atender a la equidad territorial y la planificación urbana como pilares centrales, tanto porque más del 80% de los chilenos vive en ciudades como porque en ellas interactúan y se entrelazan variables complejas como la delincuencia, el transporte público o el trabajo, que inciden directamente en la calidad de vida.
Pero ¿qué es eso de “ciudad justa”?

Ante todo, es una profunda aspiración de equidad territorial: es aquella que maximiza los encuentros e interacciones entre ciudadanos de diferentes condiciones sociales, en un espacio de igual ciudadanía y oportunidades. Nos invita a mirar a la política urbana desde un sentido de pertenencia, invirtiendo decididamente en los equipamientos y servicios de los sectores más vulnerables para ampliar sus espacios de libertad. En contraste, una ciudad segregada minimiza estos encuentros y la participación de sus habitantes en los beneficios de la vida urbana, limitando nuestras oportunidades y proyectos de vida a través de asimetrías territoriales. Así, el territorio, al replicar las inequidades económicas, termina alterando nuestra igual ciudadanía, en tanto algunos verán restringidos sus derechos a la seguridad, a la educación y hasta la participación política sólo por el lugar del que venimos, costos sociales que con el tiempo resultan difíciles de reparar.

Y ¿Cómo avanzamos hacia la ciudad justa?

Ante todo, a través de una planificación urbana responsable, con la participación de las comunidades, ponderando entre densificación, que permite a más familias acceder al corazón de las ciudades a precios accesibles, y conservación de los barrios, particularmente aquellos de carácter patrimonial. A su vez, los proyectos inmobiliarios deben compensar las externalidades que generan sobre los vecinos y sus barrios, mitigando impactos viales y generando mejoras en el entorno en que se emplazan. En caso contrario, la ciudad toda termina subsidiando proyectos ineficientes y hasta perjudiciales para la misma.

Por su parte, en política habitacional se requieren soluciones audaces a la segregación territorial y promuevan el acceso integral a la ciudad y sus oportunidades, frente al hecho de que 500 mil familias en todo Chile requieren una solución habitacional. Tanto las propuestas habitacionales de Joaquín Lavín como de Daniel Jadue dan en el clavo, al menos desde el rol del gobierno local: la solución no es seguir desplazando a los más vulnerables a las comunas periféricas, sino promover sus redes de apoyo e inclusión en la ciudad. Desde las políticas públicas corresponde poner al Estado al servicio de las personas, y apoyar a quienes a través de su esfuerzo quieren acceder a una vivienda digna, a través del más amplio abanico de opciones, y ahí ha mostrado gran determinación el ministro Cristián Mönckeberg, continuando los Planes Maestros y anunciando la construcción de 20 mil viviendas de integración social.

De igual modo, un sistema de transporte público intermodal, de amplia cobertura y tiempos razonables de traslado es imprescindible, en tanto relativiza las distancias físicas y favorece el encuentro de los habitantes. Es injusto que personas provenientes de comunas como San Bernardo o Quilicura deban destinar diariamente 90 minutos más que alguien de Vitacura para ir a su trabajo. Expandir decididamente la red de Metro es, sin duda, un avance que cambiará la estructura de Santiago, particularmente con su llegada (¡al fin!) a El Bosque, La Pintana y San Bernardo, pero debe acompañarse de mejoras reales al Transantiago que se manifiesten en los tiempos de traslado o frecuencias, y un buen aprovechamiento del Fondo Espejo para el transporte en regiones. El círculo debe completarse, además, con la internalización de los importantes costos ambientales y sociales de los automóviles, a través de tarificación por congestión e impuestos a los combustibles.

Sin duda, la equidad territorial no se agota estos temas. En él confluyen otros que en sí mismos son muy potentes, como la educación, el medio ambiente, la seguridad pública o la superación de la pobreza. Todos ellos requieren de una mirada amplia y estructural que propenda a la ciudad como un espacio en que todos podamos encontrarnos y participar de sus beneficios y que tanto en La Pintana, Maipú o Providencia seamos iguales en dignidad, derechos y oportunidades.

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By | 2018-07-23T15:02:31+00:00 23 julio 2018|Columnas de opinión|Comentarios desactivados en Arturo Subercaseaux: El sueño de una Ciudad Justa

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