Cristóbal Gigoux: Un Estado opaco

Los problemas que afectan hoy al Ejército y Carabineros, ya sea desde el punto de vista de la probidad en el primer caso, como también de su apego a los procedimientos, en el último, parecen estar pasando de ser simplemente circunstanciales y acotados a ser algo más sistémico. Los desfalcos en el uso de fondos reservados, los escándalos de corrupción y el grave acontecimiento en la Araucanía son preocupantes, pues se suman a una cadena de errores, fallas de la cadena de mando y, en algunos casos, simplemente delitos.

Sin entrar en el detalle de cada uno y los niveles de culpabilidad que pudieran corresponder a la institución o a las personas que se encuentran dentro, lo importante es que se marca una tendencia en el sentido de la desconexión que existe entre tales órganos del Estado y la sociedad civil. En la práctica no existe capacidad de accountability por parte de los ciudadanos, lo que implica que exista la sensación generalizada de que “se mandan solos” y que “no les afecta la justicia común”. Ambas afirmaciones son exageradas desde el punto de vista institucional y sistémico, pues existe un real control político ejercido desde los respectivos ministerios a cargo, pero lo cierto es que denotan una cultura de hermetismo que afecta no sólo a las instituciones armadas y de orden, sino que a otras entidades públicas.

Quizás hoy, inspirados por los escándalos y la tragedia, es el momento de iniciar una discusión respecto de una real intromisión y vigilancia de la sociedad civil en la operación del Estado.

En una democracia representativa, el poder de los ciudadanos se ejerce principalmente de manera periódica a través del voto, mediante el examen de transparencia de la administración y por medio de la revisión judicial de los actos administrativos. Así las cosas, el Congreso Nacional se encuentra sujeto a su renovación periódica mediante el voto, y sus actos, salvo los bochornosos episodios de reserva de documentos efectuado por el Senado hace algunos meses, tratan de acogerse a buenos niveles de transparencia activa y pasiva. El Ejecutivo, por su parte, también es renovado periódicamente en su plana política mediante votación popular, lo que sumado a las disposiciones de la Ley de Transparencia entrega niveles aceptables de revisión de sus actos por los ciudadanos.

Pero, ¿qué pasa con el Poder Judicial? ¿Cuál es el control real de la ciudadanía al nombramiento de los jueces? ¿Están los fiscales del Ministerio Público bajo el “poder civil”? Ni hablar de las universidades estatales, algunas de ellas que ni siquiera publican las remuneraciones de su plana directiva, implicando niveles de transparencia similares a las de los bancos suizos de los años 1940.

Lo cierto es que la lista de órganos y entidades públicas que simplemente se encuentran más allá del alcance del ciudadano medio es bastante gruesa. Mucho se ha dicho que no es posible la elección directa de los miembros de los tribunales superiores de justicia, o de la dirección del Ministerio Público, o de una participación abierta de la sociedad civil en la elección de rectores o directivos de las universidades públicas. Y las críticas, generalmente, se entregan a la desconfianza institucional de la elección popular a ciertos temas que parecieran ser “demasiada responsabilidad” para el votante.

Sin embargo, la virtud de la democracia representativa es que los nombramientos son temporales, son revocables y sus beneficiarios son verdaderos servidores de lo público, más que privilegiados protegidos por cortinas de humo. Quizás hoy, inspirados por los escándalos y la tragedia, es el momento de iniciar una discusión respecto de una real intromisión y vigilancia de la sociedad civil en la operación del Estado.

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By | 2018-11-27T10:58:19+00:00 27 noviembre 2018|Columnas de opinión|Comentarios desactivados en Cristóbal Gigoux: Un Estado opaco

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